Panorama ambiental que enfrentamos en México

En México, hace tiempo que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales alertan sobre la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, la invasión de megaproyectos y sus consecuencias para los territorios.

1. Hacer del tema ambiental una prioridad

La historia muestra que México no se caracteriza por tener al medio ambiente entre sus prioridades nacionales. En los últimos años, ese desdén se ha reflejado en el presupuesto para el sector ambiental. Si en 2016 se destinaron poco más de 55 000 millones de pesos (2744 millones de dólares), en 2020 la cifra fue solo de 29 000 millones (1447 millones de dólares). En 2021 se registró un ligero aumento: 31 348 millones de pesos (1564 millones de dólares) pero el monto sigue siendo inferior al presupuesto de hace cinco años y, aún con ese incremento, la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contarán con menos recursos.

2. Dejar de ignorar la emergencia climática

En noviembre de 2021 se deberá realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la cual se pospuso por la pandemia del COVID-19. Lo que ya no se puede posponer, coinciden los científicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, son las acciones para cumplir con el Acuerdo de París, el cual se estableció desde 2015 y compromete a los países a tomar acciones para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

En el caso de México, donde 91 % de la energía que se produce proviene de los hidrocarburos, se tendría que ir disminuyendo ese porcentaje y aumentar la energía que se genera por fuentes renovables.

3. Implementar el Acuerdo de Escazú

En noviembre de 2020, México ratificó el Acuerdo de Escazú, instrumento vinculante que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores ambientales.

El Acuerdo de Escazú toma especial relevancia en un contexto como el de México, país que al igual que Colombia, Filipinas y Brasil está entre los más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio. Y, en especial, en un año en el que todo apunta a que se intensificará la batalla legal en contra de megaproyectos impulsados por el propio gobierno, como el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se desarrollará en los estados de Oaxaca y Veracruz.

La oposición al Tren Maya, por ejemplo, es cada vez más visible. Este proyecto no se limita a tener una infraestructura ferroviaria en la Península de Yucatán —donde se encuentra buena parte de la Selva Maya— también contempla el impulso de lo que se ha llamado “polos de desarrollo”.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales que acompañan a las comunidades, entre los obstáculos que han tenido que enfrentar está la tardanza —de entre 4 y 6 meses— en la admisión de las demandas en contra del Tren Maya. Además, se ha dado desacato a las suspensiones y hay una falta de sanciones a las autoridades que no respetan los mandatos judiciales.

En regiones forestales de Guerrero, Chihuahua y Durango los grupos del crimen organizado, además de generar violencia, “extorsionan a las empresas forestales comunitarias o, en algunos lugares, controlan la extracción, transformación y venta de madera ilegal”, explica el biólogo Salvador Anta, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y consultor de Política y Legislación Ambiental (Polea).

4. Bosques comunitarios: reconocer su labor de conservación

En México, las empresas forestales comunitarias enfrentaron la caída en la venta de los productos maderables y no maderables. Además, aquellas que se dedican al turismo de naturaleza tuvieron que detener sus actividades durante meses.

Por otra parte, entre las metas que tiene la Comisión Nacional Forestal (Conafor) están apoyar el fortalecimiento de 60 empresas forestales comunitarias e incorporar 500 mil hectáreas al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

5. Cambios a las leyes y nuevas normativas

La iniciativa de reformas que se encuentra en el Congreso —explica el biólogo Salvador Anta— si bien contempla la mayoría de las propuestas que se realizaron desde las comunidades forestales, también tiene ausencias sobre el manejo de acahuales —vegetación que crece en forma espontánea en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso— y de trámites que permitirían agilizar las autorizaciones para que las comunidades realicen saneamiento forestal.

Por otra parte, hace tiempo que se espera una nueva Ley General de Aguas, la cual tendría que considerar el derecho humano al agua y sustituir a la norma vigente desde 1992, la cual ha sido criticada —entre otras cosas— por permitir el acaparamiento de concesiones de agua.

Desde el 4 de febrero de 2020, el colectivo Agua para tod@s, Agua para la Vida presentó la Iniciativa Ciudadana para la nueva Ley General de Aguas a la Cámara de Diputados. Y aunque esta propuesta ya tenía el consenso y apoyo de legisladores, a finales de 2020, los diputados Feliciano Flores Anguiano y Mario Mata Carrasco presentaron otra iniciativa que busca mantener la actual Ley de Aguas.

Fuente: Mongabay

Foto: Unsplash

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